La sostenibilidad medioambiental es tan solo uno de los pilares del desarrollo sostenible.
Sin descuidar este aspecto, el TCU pretende dirigir sus esfuerzos a promover la sostenibilidad social.
En este sentido, está previsto trabajar en la verificación de la capacidad de las organizaciones públicas para cumplir las disposiciones del art. 25, § 9º, de la Nueva Ley de Licitaciones y Contratos.
Este artículo establece cuotas en los contratos de externalización firmados entre el Gobierno y sus proveedores, reservando puestos para mujeres víctimas de violencia doméstica y para expresidiarios(as).
Se trata de una política de desarrollo social implementada a través de la Ley de Licitaciones, en la que se utiliza el poder de compra del Estado para dirigir el comportamiento del mercado y estimular la adopción de prácticas socialmente sostenibles.
El objetivo de esta acción es identificar los principales obstáculos a su implementación y proponer medidas para superarlos de manera que se alcancen los resultados que pretende lograr la legislación.