Las compras públicas sostenibles son una estrategia adoptada por los gobiernos para promover un desarrollo económico, social y medioambientalmente responsable.
La práctica consiste en incorporar criterios de sostenibilidad a las adquisiciones gubernamentales, con el objetivo de minimizar el impacto ambiental, promover la eficiencia energética, incentivar la producción y el consumo responsables y fomentar la inclusión social.
En Brasil, la legislación que establece directrices para las compras públicas sostenibles es la Ley n.° 8.666 de 21 de julio de 1993, en la que se prevén licitaciones y contratos administrativos, así como la Ley n.° 12.305 de 2010, por la que se establece la Política Nacional de Residuos Sólidos.
El nuevo marco normativo para las licitaciones, la Ley 14.133 de 1º de abril de 2021, establece entre sus principios (art. 5º) y como uno de sus objetivos (art. 11, inc. IV) el desarrollo nacional sostenible. Además, prevé los criterios de sostenibilidad ambiental como uno de los parámetros para definir la remuneración variable vinculada al desempeño del contratista (art. 144).
Estas leyes tienen por objetivo incentivar la adquisición de productos y servicios que cumplan criterios de sostenibilidad, fomentando el desarrollo sostenible y la preservación del medio ambiente.
En el contexto brasileño, la meta 12.7 de los ODS incentiva al país a promover prácticas de contratación y gestión públicas basadas en criterios de sostenibilidad, alineadas con las políticas y prioridades nacionales. Esta iniciativa pretende impulsar el desarrollo sostenible a través de una contratación pública que contemple aspectos medioambientales, sociales y económicos, con el objetivo de construir una sociedad más equilibrada y consciente.
Las compras públicas sostenibles desempeñan un papel fundamental en el fomento de la sostenibilidad y la búsqueda de un desarrollo más equilibrado. El tema es de suma importancia, ya que las adquisiciones gubernamentales representan una parte significativa de la economía y tienen el potencial de impulsar prácticas sostenibles a gran escala.
Según datos del Banco Mundial, las compras gubernamentales representan alrededor del 9,4% del Producto Interior Bruto (PIB) del país, lo que pone de relieve su importancia económica y la oportunidad de influir positivamente en el mercado.
Solamente en 2022, se invirtieron más de BRL 163 mil millones en contrataciones, considerando apenas la esfera federal, a partir de la consecución de 148 mil procesos de compras.
Al adoptar criterios sostenibles en las compras públicas, como la preferencia por productos ecológicos, de bajo impacto ambiental y socialmente responsables, es posible estimular la innovación, fortalecer la cadena de producción sostenible y contribuir a la preservación del medio ambiente y el bienestar de la sociedad.
De este modo, las compras públicas sostenibles representan una herramienta estratégica para alcanzar objetivos medioambientales, sociales y económicos, promoviendo un futuro más sostenible y resiliente.
Las compras públicas sostenibles también se destacan en la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible. Entre los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible esbozados en la Agenda, el número 12 trata del consumo y la producción responsables.